Nacional
Miles de personas, convocadas por 70 asociaciones de inmigrantes y organizaciones solidarias, se manifestaron el sábado 17 de octubre en 10 ciudades españolas -Madrid, Bilbao, Barcelona, Terrasa (Barcelona), Guadalajara, Tenerife, Gran Canaria, Alicante, Murcia y Málaga- para pedir la paralización del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería porque “lesiona gravemente” los derechos y libertades de este colectivo.
En Madrid se manifestaron cerca de 200 personas. Al final de la concentración, la actriz Pilar Bardem leyó un comunicado firmado por las más de 70 organizaciones sociales convocantes, que lamentaron que la reforma de la Ley de Extranjería no fuera “consensuada” con ellas, lo que ha dado lugar a una ley “muy alejada de la realidad social”.
A su juicio, como consecuencia de dicha reforma se contribuye a “criminalizar” la inmigración puesto que ésta establece sanciones “desproporcionadas”. “La nueva reforma agrava en medidas de persecución, sanción y castigo contra las personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social”, lamentó Bardem.
En este sentido, la actriz puso como ejemplo algunas faltas administrativas que para un nacional suponen únicamente una multa económica frente la detención o internamiento que puede llegar a sufrir un extranjero.
Asimismo, las asociaciones convocantes denunciaron “las condiciones de precariedad e indefensión” a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en el interior de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), algo que ya denunció el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo.
Además, se mostraron en contra de las restricciones a la reagrupación familiar, la desprotección de los ‘sin papeles’, la primacía de la condición de extranjero sobre la de menor y la falta de garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género.
Por todo ello, las asociaciones que secundaron la protesta exigieron la retirada del actual proyecto de reforma pues favorece un sistema de “nacionalismo económico” en el que prima la “preferencia del español”.
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