El Gobierno reforma la Ley de Extranjería con los nacionalistas.

El Gobierno ha admitido casi 300 enmiendas, de las más de 700 presentadas por los grupos de oposición, para sacar adelante su polémica reforma de la Ley de Extranjería. De esa manera, ha logrado el apoyo parlamentario de los nacionalistas de CiU, CC y PNV. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, se felicitó por el "amplio consenso" y anunció que el Reglamento que desarrolle la norma será redactado antes de un año.Ésta es la reforma de la ampliación del periodo de internamiento de los sin papeles y de la limitación de la reagrupación familiar de los mayores, pero también es la reforma que reconoce a las parejas de hecho y que protege a las víctimas de la violencia de género o de la trata de mujeres. En suma, se trata de un texto que provoca reacciones contradictorias.


A cambio de su apoyo, los nacionalistas catalanes han logrado ampliar las competencias de las comunidades autónomas, especialmente las de la Generalitat de Cataluña. Los canarios han obtenido la posibilidad de traspasar la tutela de los menores no acompañados, que saturan sus centros de acogida, a otras comunidades e, incluso, a ONG especializadas en la protección de muchachos. Y los vascos, que en su momento presentaron una enmienda a la totalidad del texto y lo calificaron de "berlusconiano", han conseguido que el tiempo de tramitación de las peticiones de asilo o de hábeas corpus que puedan hacer los inmigrantes internados no se sume a los hasta 60 días de retención que prevé la ley para ellos.
El PP se quedó al margen de ese consenso. De las 60 enmiendas que presentó, los socialistas sólo admitieron una, poco más que una corrección técnica. Su portavoz, Rafael Hernando, lamentó que el Gobierno "haya perdido una oportunidad para variar su política", calificó el nuevo texto de "mera reforma cosmética" y anunció que su partido lo cambiará cuando llegue al Gobierno.
Desde fuera del hemiciclo, ONG solventes como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cáritas y la Red Acoge reconocen "alguna mejora relevante" en el texto aprobado respecto a su redacción inicial, pero alertan de que incluye importantes restricciones de derechos fundamentales de los inmigrantes. Asociaciones de extranjeros como la marroquí ATIME, la latinoamericana AESCO o la ecuatoriana Rumiñahui se resisten a calificar la reforma porque opinan que contiene tantos aspectos positivos como negativos.
El texto aprobado ayer en el Congreso será discutido ahora en el Senado, desde donde volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Ésta es la cuarta reforma de la ley en ocho años. Las tres anteriores corrieron a cargo de Gobiernos del PP.
Los 10 puntos más polémicos

- Internamiento. Aumenta el periodo máximo de internamiento de los sin papeles de 40 a 60 días.
- Reagrupación. Limita la reagrupación familiar de los ascendientes de los inmigrantes a los mayores de 65 años, aunque contempla razones humanitarias para llevarla a cabo en casos concretos. También exige al reagrupante cinco años de residencia en España.
- Parejas de hecho. Las parejas de hecho podrán reagrupar a sus respectivos cónyuges.
- Permiso laboral. Los familiares reagrupados de un inmigrante que se hallen en edad laboral recibirán una autorización de trabajo junto a la de residencia.
- Violencia de género. Las extranjeras sin papeles que denuncien una agresión y obtengan una orden de protección podrán obtener una autorización provisional de residencia y trabajo hasta que se dicte la sentencia.
- Infracciones. Castiga con multa de hasta 10.000 euros a quienes promuevan la permanencia irregular de un extranjero tras haberle facilitado una carta de invitación para viajar a España.
- Trata de mujeres. Las víctimas de trata de mujeres tendrán un periodo de reflexión de 30 días para decidir si colaboran con las autoridades en la lucha contra los traficantes. Si aceptan, obtendrán una autorización de residencia.
- Sanciones. Los empresarios que contraten a sin papeles deberán pagar la repatriación de éstos. Hasta ahora, ese gasto recaía sobre los contribuyentes, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
- Tutela de menores. Las comunidades autónomas podrán traspasar la tutela de los menores no acompañados a otras comunidades o a organizaciones de protección del menor.
- Integración. Las comunidades autónomas acreditarán el esfuerzo de integración de los inmigrantes como un complemento para suplir la carencia de otros requisitos a la hora de renovar sus documentos de residencia.